Proyecto de Ley
BOLETO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO
Una exigencia de inclusión, distribución de la riqueza y desarrollo nacional.
¿A donde vamos?
Abandonada una estrategia seria de avanzar en términos legislativos sobre la situación del sistema universitario, el mismo sigue condenado al entramado legal menemista que reproduce el modelo neoliberal en nuestras instituciones, relegando de hecho la importancia estratégica que tiene el nivel superior en el proceso de avance productivo, social, económico, cultural y político del país.
Parte de la política de distribución de la riqueza e inclusión social que la presidenta enuncia en sus discursos, es el garantizar el acceso a la educación no sólo en los niveles educativos obligatorios sino en aquellos que son estratégicos para los ciudadanos y para la Nación.
La inexistencia del boleto estudiantil universitario en la legislación nacional vigente , expresa la ausencia de una política específica para garantizar el acceso y permanencia de los y las estudiantes en un nivel educativo de baja cantidad de inscriptos y altos índices de deserción.
El aumento reciente del transporte en un 25%, atenta directamente contra la posibilidad de estudiar en la universidad, se presenta como un paso hacia atrás en el camino de construir ese mundo mas justo que se esgrime en los discursos, y prende luces de alerta acerca de la política a implementar a medida que se profundicen los efectos de la crisis económica internacional.
La lucha por el boleto universitario es llevada adelante desde hace años por nuestro movimiento, siendo el año pasado un periodo de concentración de iniciativas de diversas índoles: desde juntadas de firmas en las facultades, participación en jornadas de concientización y movilizaciones, dialogo con autoridades universitarias y de los gobiernos locales, e incluso una movilización al Ministerio de Educación de la Nación.
El año pasado pudimos expresar nuestras preocupaciones por las políticas de promoción del ingreso y la permanencia de los estudiantes en las universidades y ver plasmadas nuestras propuestas en el proyecto de Ley Nacional de Educación Superior que presentó la Diputada Nacional Victoria Donda. Como continuidad de esa línea de acción la diputada del Movimiento Libres del Sur ha presentado un proyecto de Ley de Boleto Estudiantil bajo el numero de expediente 988/09 que ha sido girado ya a las comisiones de Educación, Transporte, Presupuesto y Hacienda.
Queremos que la Presidenta diga claramente adonde vamos, e intervenga para que los miembros del Congreso apuren el tratamiento legislativo del proyecto. Vemos con preocupación la situación de los estudiantes universitarios, de los potenciales que aun no pueden acceder, y de los casos de compañeros afectados por la situación económica presente y las medidas adoptadas. Por eso exigimos que no se cajonee y sea votado con la misma urgencia con que se decidieron cuestiones infinitamente mas complejas como fue el adelantamiento de las elecciones legislativas nacionales.
Un vuelto
Que el boleto le cueste a los universitarios el 50% del valor normal, obligaría al Gobierno Nacional a instrumentar los mecanismos para garantizar cubrir no más de 300 millones de pesos; medida que beneficiaría al sistema publico de educación y en particular a más de un millón trescientos mil estudiantes de todo el país.
Si bien la cifra parece grande para cualquier pasajero que pueda leer estas líneas, debemos aclarar que consiste en el 0,1 % de los recursos con que cuenta el Estado Nacional según lo prevé en su presupuesto para el año en curso. Sería sin duda un buen destino para enviar una parte de los 9.000 millones de superávit con que el gobierno estima cerrar el corriente año.
Por eso decimos que a diferencia de un pasajero habitual, para el gobierno nacional y para las empresas estos números son de manejo cotidiano. Lo que necesitaríamos los estudiantes es -por ejemplo- menos de la mitad de los 700 millones de aumento en los subsidios que el gobierno ha implementado para las compañías de transporte automotor y ferroviario, monto que eleva a 6700 millones la cifra de fondos que las mismas recibirán en el año. Metrovias por ejemplo, la empresa de subte que el pasado año gano mas de cinco millones y medio de pesos, recibirá este año un subsidio de 580 millones...
A donde poner la guita
Son unos cuantos más -además de los subsidios al transporte- los destinos de los fondos del Estado. Nos preocupa en particular la cantidad de plata que se esta destinando a los grupos concentrados de la economía, en desmedro de políticas que incentiven el consumo masivo, beneficien directamente a los sectores populares, y promuevan -por caso- la educación pública superior.
Ya hubiéramos alcanzado el Boleto estudiantil, por ejemplo, con los 200 millones de pesos de subsidio que el gobierno otorgo circunstancialmente en octubre pasado a los grandes empresarios del “campo”. Ni que hablar si los fondos no siguieran yendo a esas patronales, y podríamos disponer para el pueblo de una parte de los millones de pesos que el gobierno viene aportando al sector, como los 2000 millones de pesos para los tamberos que han anunciado recientemente.
Pero no solo son los grupos concentrados del campo donde se observan estas cifras de aporte estatal sino que también el gobierno ha lanzado diversos programas y subsidios a empresas. Entre ellos el que han implementado en estos primeros tres meses, a un costo -por ahora- de 60 millones de pesos, para dar respuesta a las amenazas de despido de personal que emitían los empresarios, quienes pretenden no tocar su margen de ganancia y hacer que la crisis recaiga sobre el pueblo.
No tenemos que perder de vista que durante 2008 las principales empresas que cotizan en bolsa triplicaron sus ingresos y obtuvieron 12.000 millones de pesos de ganancias. Siderar por ejemplo, una de las industrias del Grupo Techint, que amenazaba recientemente con despedir miles de trabajadores, obtuvo una ganancia de mas de 1.300 millones de pesos en el pasado año.
Sería digno que se empiece a instrumentar la tan mencionada distribución de la riqueza y podamos destinar parte de las ganancias extraordinarias de empresarios del campo y la industria para financiar un boleto universitario, y cumplir con tantas otras necesidades insatisfechas de nuestro pueblo.
En este marco se pueden imaginar mejores destinos para los fondos de la ANSES, de los cuales el gobierno ha decidido designar $3.100 millones para la compra de autos 0km y $1.250 millones en crédito para las empresas industriales.
Bueno sería también que asuman la responsabilidad los gobiernos provinciales y municipales de promover la implementación de políticas de ingreso y permanencia educativa, contando para eso entre otras cosas con los 6000 millones de pesos de retenciones al “campo” que el gobierno recientemente ha determinado coparticipar.
Decisión política
Nos genera otra alerta el escuchar en este periodo de turbulencia financiera internacional, que se insista con la idea de pagarle al Club de Paris o a los bonistas que no entraron al canje del 2005 destinando miles de millones de pesos, con que podrían promoverse las condiciones para estudiar o seguir estudiando en la universidad y fortalecer la educación publica de nuestro país
Aparece entonces en un primer plano el tema de la decisión politica que implica tomar medidas como la que se esta proponiendo en el proyecto de ley presentado por la Diputada Nacional Victoria Donda.
Cuando uno ve que Siderar invirtió en el pasado año unos 950 millones para mejorar su producción, piensa cómo el estado argentino no instrumenta los mecanismos para garantizar 300 millones para promover mediante sus instituciones universitarias el desarrollo nacional?
En definitiva, establecer el boleto estudiantil universitario es cuestión de decisión política. Y por eso los estudiantes exigimos al gobierno nacional:
· Que garantice el tratamiento del Proyecto de Ley 988/09 en forma urgente en el Congreso Nacional.
· Que tome la determinación de establecer en todo el territorio nacional un boleto estudiantil que favorezca la inserción y permanencia del pueblo argentino en sus universidades.
· Que inste a conseguir los recursos necesarios sobre la implementación de una firme política de distribución de la riqueza, que haga que los grupos concentrados que se han enriquecido enormemente en los últimos años sean responsables con el desarrollo integral de la nación.
· Que dé cumplimiento al deber ineludible del Estado de garantizar el sostenimiento económico-presupuestario del Subsistema Estatal de Educación Superior y la promoción del acceso, la permanencia y el egreso.
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